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Comencemos con una ilustradora y verídica historia. Imaginemos un aviso sobre la existencia de dos animales desnutridos y/o maltratados al borde de la muerte. Dos caballos, situados en una parcela debidamente identificada. Se procede a la interposición de la oportuna denuncia por maltrato animal contra el dueño, con todo el énfasis y la buena voluntad por parte del denunciante, reportaje fotográfico incluido. La denuncia es admitida a trámite. Pero llegados a este punto, nos viene automáticamente una pregunta a la cabeza: ¿qué pasa con los caballos mientras va avanzando el procedimiento judicial, que continúan sin agua y comida en la parcela de su dueño? Precisamente ahí radica la utilidad de las medidas cautelares[1], reguladas en los artículos 727.3 LEC, 13 LECrim, y arts 127 a 129 CP. Dichas medidas, a pesar de ser las que nos permitirían tratar de salvaguardar la integridad del aquí bien jurídico protegido, son las grandes olvidadas en este tipo de procedimientos



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