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La violencia de género es un fenómeno delictivo que reviste una especialísima gravedad en una sociedad democrática avanzada por ser una materialización sangrante del riesgo que, por el mero hecho de ser mujer, afecta a la mitad de la población.

Cualquier abogado que intervenga habitualmente en procesos penales por este tipo de delitos conoce bien la problemática que suscita en la práctica judicial el derecho a no declarar como testigo contra un pariente cercano, que otorga el art. 416.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim)

Las peculiaridades procesales de la aplicación de esa dispensa de la obligación de declarar fueron objeto de un análisis anterior por mi parte a finales del año pasado («La dispensa de declarar en violencia de género no es como el río Guadiana», artículo publicado en Sala de Togas, revista del Colegio de Abogados de Gijón, núm. 74, diciembre de 2017). Sin embargo, la conclusión a que entonces llegaba se ha visto radicalmente alterada por el contenido del reciente Acuerdo del Pleno no jurisdiccional de la Sala Segunda del Tribunal Supremo del 23 de enero de 2018, así que estas líneas son, en buena medida, una reescritura a contrario de lo que antes sostuve.



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