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En España, la responsabilidad penal de las personas jurídicas fue introducida por la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio y, después, reformada por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo. Aunque son muchas las discusiones que estos nuevos sujetos penales han suscitado, esta entrada se limitará a examinar una de las más controvertidas en la jurisprudencia del Tribunal Supremo como refleja el hecho de que la Sentencia número 154/2016 cuenta con un Voto Concurrente respaldado por casi la mitad de los magistrados de la Sala Segunda. Se trata de responder a la pregunta sobre cómo se configura y se distribuye la carga de la prueba en el nuevo sistema de responsabilidad penal de las personas jurídicas.

Para analizar correctamente qué elementos han de probarse y a quién le incumbe la prueba de los mismos es necesario examinar el derecho penal desde una doble perspectiva: material y procesal.



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