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El art. 31 bis CP establece la responsabilidad penal de la personas jurídicas (i) por los delitos cometidos por sus administradores de hecho o de derecho o por sus representantes legales, siempre que exista un beneficio directo o indirecto para la empresa, y (ii) cuando no se haya ejercido por parte de éstos el debido control sobre sus subordinados (es decir, aquéllos sobre los que se posea un deber de dirección, supervisión, vigilancia o control (art. 31 bis 1 b CP).

A este respecto, la expresión “beneficio directo o indirecto” vino acompañada de una importante dosis de ambigüedad, y ello motivado por la parquedad regulatoria del citado término. Es por ello que la Fiscalía en la Circular 1/16 de la Fiscalía General del Estado perfiló su significado, añadiendo que (…) “La nueva expresión legal “en beneficio directo o indirecto” mantiene la naturaleza objetiva que ya tenía la suprimida “en provecho”, como acción tendente a conseguir un beneficio, sin necesidad de que este se produzca, resultando suficiente que la actuación de la persona física se dirija de manera directa o indirecta a beneficiar a la entidad.



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