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Las federaciones deportivas son entidades privadas que ejercen por delegación funciones públicas. Su compleja naturaleza implica diariamente la gestión de intereses públicos y privados.

Esta combinación puede suponer un riesgo para los presidentes, miembros de las juntas directivas y gerentes de las distintas federaciones que en multitud de ocasiones tienen que convivir con subvenciones públicas, con la gestión y utilización de instalaciones municipales, con el ejercicio de la potestad disciplinaria y con otra serie de obligaciones inherentes a la gobernanza de este tipo de entidades de gestión y promoción del deporte.



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