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Como consecuencia de una serie de incidentes producidos por perros de razas presunta y potencialmente peligrosas, (tendrían que denominarse p.p.p.p., si se permite la licencia) se promulgaron diferentes leyes, tanto a nivel estatal como autonómico, regulando la tenencia de los perros indicados, así como estableciendo obligaciones y requisitos para los poseedores o propietarios de los mismos con el correspondiente cuadro de faltas y sanciones. El legislador reaccionaba, así, a un importante movimiento mediático que reclamaba se promulgasen disposiciones contundentes contra esas conductas. Algunos de los medios de comunicación incluso criminalizaban a los perros…olvidando que el trato del propietario o poseedor es fundamental. Así, la primera de ellas fue la del Parlamento Catalán (ley 10/99 de 30 de julio) a la que siguió la ley del Parlamento español. 50/99, desarrollada por Decreto 287/2002. La catalana se circunscribía a los perros mientras que la estatal contempla el genérico de “animales potencialmente peligrosos”.



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