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En 2015 una queja a través de Internet puso en alerta sobre que las compañías Vicedo Martí y Enfavi, con sede en la localidad alicantina de Ibi y dedicadas al diseño de productos de plástico, podrían estar realizando un uso fraudulento de software informático. Tanto es así que, tras presentarse una denuncia en el juzgado de lo mercantil número 2 de Alicante, se decretó el registro de las instalaciones. El procedimiento concluyó con la condena por la instalación y reproducción de programas de ordenador infringiendo los derechos de propiedad intelectual de los autores. Se les obligó a pagar 453.000 euros en daños y perjuicios. Es una de las mayores indemnizaciones impuestas en España.



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