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En desarrollo del artículo 119 de la Constitución Española, se reconoce una serie de prestaciones a quiénes acrediten carecer de recursos económicos suficientes. El derecho a la asistencia jurídica gratuita comprende, entre otras y en líneas generales, la exención de tasas judiciales y la asistencia pericial gratuita en los términos establecidos en la ley, pudiendo ser beneficiarios tanto las personas físicas como las personas jurídicas ‘Asociaciones de utilidad pública’ o ‘Fundaciones debidamente inscritas’ que cumplan con una serie de requisitos, que se encuentren inmersas en cualquier tipo de procedimiento judicial o pretendiendo iniciarlo, careciendo de patrimonio suficiente y con ingresos económicos que no superen ciertos umbrales.



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