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a) La subasta judicial sólo tendrá lugar cuando la masa no disponga de tesorería o ésta sea mínima; en otro caso, será notarial o por entidad especializada. Es deber de la administración concursal justificar cuál es la modalidad por la que se opta finalmente.

b) Si estamos ante un activo hipotecado que se subasta en el marco de la liquidación concursal, el ejecutante seguirá siendo la administración concursal, pero el acreedor que goce de privilegio especial continuará conservando su privilegio sustantivo (art. 155.1 LC).
El hecho de exigir a este acreedor con privilegio especial el depósito, le motiva a no dejar quebrar la subasta (aunque suele ser frecuente que se prescinda de exigir dicha consignación).



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