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En la STS 274/2017, de 5 de mayo, el Tribunal Supremo se pronuncia sobre el requisito del acto u omisión ilícito del administrador respecto de la acción individual de responsabilidad. Esencialmente afirma que debe tratarse de una conducta propia del gestor y no de la sociedad. Empieza calificando la responsabilidad como extracontractual y enumerando los requisitos que deben concurrir: 1) comportamiento activo o pasivo de los administradores; 2) comportamiento imputable al órgano de administración en cuanto tal; 3) conducta antijurídica del administrador por infringir la ley, los estatutos o no ajustarse al estándar o patrón de diligencia exigible a un ordenado empresario y a un representante leal; 4) conducta antijurídica susceptible de producir un daño; 5) daño directamente causado al tercero, sin lesionar los intereses de la sociedad y 6) relación de causalidad entre la conducta antijurídica del administrador y el daño directo ocasionado al tercero.



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