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La firma electrónica constituye un instrumento capaz de permitir una comprobación de la procedencia y de la integridad de los mensajes intercambiados a través de redes de telecomunicaciones, ofreciendo las bases para evitar el repudio, si se adoptan las medidas oportunas.

Este instrumento se regula en nuestra legislación Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. Aunque la firma electrónica no es una novedad, aún existe desconfianza por parte de los intervinientes, tanto empresas como clientes y usuarios, en las transacciones telemáticas y, en general, en las comunicaciones que las nuevas tecnologías permiten a la hora de transmitir información, constituyendo esta falta de confianza un freno para el desarrollo de la sociedad de la información que puede afectar, en particular, a los operadores de comercio electrónico.

Todavía hoy en día las empresas tienen dudas sobre la validez de la firma electrónica y se plantean si este instrumento es válido para firmar digitalmente los contratos con sus clientes, proveedores, etc.



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