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Si apuntamos a la redacción “literal” del artículo 20.1 d) del RDL 7/1996 su consideración como fondos propios no deja lugar a dudas y por tanto, podríamos entender, que la concesión de un préstamo participativo con posterioridad a la aparición de una causa legal de disolución debería solventar esta situación y liberar a los administradores sociales de su posible responsabilidad por deudas.



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