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La Tesorería General de la Seguridad Social tendrá que levantar el embargo de más de 500.000 euros que pesaba sobre los bienes de Knowledge Valley, una empresa de León, multada por considerar de forma errónea que estaba aplicando a sus trabajadores el convenio colectivo como compañía de servicios cuando en realidad se trataba de una empresa de ingeniería.

El fallo definitivo, contra el que no cabe recurso según consta en una diligencia de ordenación posterior a la sentencia, estipula que la empresa estaba aplicando correctamente el régimen adecuado y que la documentación que presentó estaba en regla.



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