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Una empresa de compraventa de coches despidió en 2016 por causas económicas a la totalidad de sus 21 trabajadores tras cerrarse el periodo de consultas sin acuerdo.

Los representantes de los trabajadores presentaron demanda ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura reclamando la nulidad de los despidos. Dicho Tribunal desestimó la demanda y declaró ajustado a derecho el despido colectivo, entre otros motivos al descartar la existencia del grupo mercantil de empresas del que formaría parte la empresa, cuya existencia sostenían los recurrentes.



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