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El ordenamiento jurídico admite el pluriempleo con carácter general. La libertad de trabajo está garantizada en la Constitución (art. 35.1), y la posibilidad de trabajar para dos o más empresas es una consecuencia que la Ley reconoce y ampara, con excepción de la concurrencia desleal (arts. 4.1.a.; 21.1 y 3 ET).

No obstante lo anterior, se admite el pacto de plena dedicación o exclusividad a cuyo tenor se impide al trabajador prestar sus servicios en otra empresa (pluriempleo) aun cuando ello no supusiera concurrencia desleal. Pretende una vinculación exclusiva que permita a la empresa aprovechar toda la capacidad del empleado, al tiempo que, aun cuando sea de forma indirecta, ayuda a eliminar el riesgo de competencia desleal.

Elemento esencial del pacto es el abono de una “compensación económica expresa (...)”. Ha de ser un complemento específico, claramente diferenciado, que se agregue a las partidas salariales y cuya cuantía  se fija libremente por las partes: “(...) en los términos que al efecto convengan” (ET, art. 21.1, in fine).



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