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Durante los últimos años se han podido salvar muchos puestos de trabajo a través de la venta de las unidades productivas en sede de procesos concursales, ya que dicha venta posibilita mantener las unidades de negocio económicamente viables dejando atrás el pasivo concursal, con subrogación de la plantilla de trabajadores necesaria para garantizar esta continuidad.

Los Tribunales habían declarado que la enajenación de la unidad productiva no suponía la sucesión de empresa, por lo que ni las deudas laborales ni de la Seguridad Social eran asumidas por el adquirente. Sin embargo, las últimas reformas de la Ley Concursal (LC), a pesar que teóricamente iban destinadas a flexibilizar estas ventas, en la práctica han conseguido todo lo contrario.



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