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Será mañana cuando el presidente de Rajoy vuelva sumergirse en el mundo jurídico, al acudir en compañía del Ministro en Funciones de Justicia, Rafael Catalá y otras personalidades a la inauguración de la nueva sede del Consejo General de Procuradores muy cerca de la madrileña plaza de Alonso Martínez. Fue en octubre del pasado año cuando ambos políticos volvieron a coincidir al presentarse la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos con el objetivo que ningún delincuente pudiera disfrutar de lo robado.  La foto que adjuntamos es de aquel evento al que los periodistas pudimos ser testigos del mismo.

Pese a estar en funciones y tener unas segundas elecciones en el horizonte, la actividad de Rafael Catalá como Ministro de Justicia sigue teniendo relevancia. En cualquier foro al que acude no deja de evangelizar a sus seguidores y detractores con la llamada Estrategia Nacional de Justicia, una nueva forma de llamar al Pacto de Estado por la Justicia que todos los operadores jurídicos anhelan.

Corregir el déficit histórico de la Administración de Justicia

La solución apunta a esa gran Estrategia que va más allá de un pacto y comprende un acuerdo nacional político, profesional y social que ofrezca soluciones estructurales. Si bien es cierto que en estos catorce meses el Ministro Catalá ha realizado una batería de reformas, muchas de ellas como la reforma Penal o la LEcrim no fueron consensuadas a nivel parlamentario y luego han generado problemas, como en el tema de las causas penales y sus plazos donde FGE y Letrados de Administración de Justicia se han culpabilizado mutuamente de las causas penales que quedan pendientes de despachar antes del 6 de junio.

Para el actual Ministro de Justicia, hablar de justicia independiente es convertir esta actividad en un servicio público de calidad, eficiente y rápida. En ese contexto bulle la idea de buscar otro modelo del CGPJ, frente al actual presidencialista y con pocos medios, más ajeno a las interferencias políticas y buscar la fórmula de regular las puertas giratorias, de tal forma que el acceso entre la justicia y la política no sea automático.

El ministro ha expresado también su preocupación por el déficit histórico de recursos que arrastra la Administración de Justicia y que considera necesario corregir, si bien, señala, ya se han dado importantes pasos en esa dirección al incrementar los presupuestos o transformar tecnológicamente la Justicia. Para Catalá, es preciso dotar a la Justicia de más medios, nuevos recursos y más tecnología. En su cabeza está grabada la idea de una nueva planta judicial, la reforma profunda del actual sistema procesal y la apuesta, hasta ahora tibia, hay que decirlo del uso de los métodos extrajudiciales como el arbitraje y la mediación.

En esa dirección, el ministro ha propuesto algunas medidas como impulsar un nuevo Código Procesal Penal que otorgue al fiscal la dirección de la instrucción, definir un sistema de gestión procesal único para toda la Justicia española, regular el ejercicio de la acción colectiva o promover un procedimiento único para instrucción y enjuiciamiento conjunto de menores y mayores en supuestos especialmente graves

Tal y como señalaron en su día estudiosos como el profesor Santos Pastor de la Universidad Complutense impulsor junto con Cristina Jiménez Savurido del Observatorio de la Justicia y la Empresa, germen de lo que es hoy FIDE e informes como los últimos del Banco de España sobre la vertiente económica de la justicia, Para Catalá, la Justicia puede ser una palanca de crecimiento si ofrece garantías de estabilidad y seguridad, atrayendo de este modo la inversión, dinamizando la actividad y generando empleo.

Justicia y seguridad jurídica unidas

Así, las reformas emprendidas durante la última legislatura han demostrado cómo se puede llegar a liderar el crecimiento europeo, siendo España el país desarrollado que más crece en un entorno de deceleración mundial, según el Fondo Monetario Internacional. Hay que darse cuenta que cualquier inversor o empresario lo que quiere es seguridad jurídica a nivel legislativo y certidumbre en los fallos judiciales. De momento son dos tareas pendientes en nuestro país donde habrá que trabajar mucho para ponerse al día de Europa en estos temas.

El modelo del que habla el actual Ministro de Justicia tiene que ver con el que garantice la unidad nacional y la igualdad de todos los españoles en derechos y obligaciones y que estabilice un sistema en el que no haya espacios de impunidad para los corruptos. Es la corrupción la lacra de un país donde los partidos políticos tradicionales se han visto inmersos en diferentes escándalos de calado. Este es el motivo que se barajen ideas ahora como prohibir el indulto a condenados por corrupción, reducir los aforamientos, regular los lobbies y especializar juzgados en delitos económicos y relacionados con la corrupción.

Al mismo Rafael Catalá ha indicado la necesidad de que sean las personas y los colectivos más vulnerables quienes se encuentren en la cúspide de la nueva visión de la Justicia. Así, aun teniendo en cuenta las reformas impulsadas en esta materia que han colocado nuestra legislación más cerca de la sociedad, el ministro propone continuar este camino desde la garantía de una Justicia gratuita y de calidad, que combata sin cuartel la violencia de género, amplíe la protección a los menores y convierta a España en referente mundial en la protección de los derechos ciudadanos mediante una Ley Orgánica de Derecho a la Defensa.

Hoy Catalá y Rajoy volverán a encontrase en el mundo jurídico. Una actividad clave para cualquier Estado de Derecho y que necesita los medios humanos y materiales para vertebrar nuestra democracia. Es fundamental tener leyes certeras que puedan aplicarse sin excesivos problemas y junto a los controles preventivos necesarios para frenar la corrupción en las diferentes administraciones locales, medios materiales para que nuestros jueces puedan perseguir al delincuente. La Justicia, también dará o quitará votos.




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