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En el ordenamiento jurídico español se configura la obligación de declarar como testigo para todos los residentes en España, nacionales o extranjeros, que no estén impedidos, salvo algunas excepciones.

En este trámite, los obligados a declarar deberán concurrir al llamamiento judicial y decir cuanto supieren sobre lo que les sea preguntado si para ello se les cita con las formalidades prescritas en la ley.

Ahora bien, existen una serie de excepciones de personas que no están sujetas a la obligación de declarar, ya sea por su estatus, o directamente por alguna posible incompatibilidad que pueda hacer que la imparcialidad se quiebre en el proceso de la declaración al haber intereses cruzados.



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