A medida que avanza el tiempo del destape de la corrupción son dos las preguntas que nos hacemos. La primera es por qué sale todo esto ahora. La otra, hasta adónde va a llegar.

La respuesta a la primera está en la mente de todos. Demasiado fango. Tanto que hasta los recién llegados están aterrorizados de que les salpique. Las instituciones están saturadas de basura y el estrago de la crisis ha llegado a tal que hay que empezar a limpiar.

El pulso de la acción contra la corrupción lo marcará la posibilidad que sigan teniendo los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado, los jueces y los fiscales de combatir este cáncer. Y todo apunta a que, si hay libertad para actuar, el final no se vislumbra cercano. Ganas, esfuerzo y profesionalidad no les falta. Medios, por un tubo.

El acortar el tiempo de las instrucciones penales por ley ha sido quizás la medida más descarada desde el legislativo para frenar este impulso. El no dotar de unos medios mínimamente razonables a la justicia, no le va a la zaga.

Y es que paralelamente a esta lucha sin cuartel, a menudo nos desayunamos con presiones, filtraciones y denuncias de hechos que atentan contra la independencia de algunos y nos hacen cuestionarnos sobre los resultados finales de todo esto.

En estas, nos intentan vender la moto de la instrucción penal para los fiscales. Sí, algo por lo que este cuerpo lleva luchando durante años. En países de nuestro entorno, existe. Y hasta funciona.

¿Por qué no pueden instruir los fiscales?

Que los fiscales son imparciales, aparte de decirlo su estatuto orgánico, lo vemos a diario. Que no son independientes y por las mismas razones, también. La jerarquía, las instrucciones, la obediencia debida al superior, el régimen disciplinario ... Todo por imperativo de la ley. (Aquí) 

¿Puede afectar esa dependencia de los fiscales a su imparcialidad? Blanco y en botella.

Lo que realmente revela la profesionalidad y el rigor del colectivo es el funcionamiento del sistema tal y como está regulado. Pero no se debe seguir confiando en los milagros. Después pasa lo que ocurre y la imagen del fiscal se degrada injustamente.

¿Pero es que acaso se está promoviendo una reforma legal del Estatuto Orgánico de Ministerio Fiscal que elimine la jerarquía y la sujeción de la fiscalía a las órdenes del FGE nombrado por el gobierno? Pues no. Lo que se plantea es que las investigaciones penales pasen de manos del juez independiente por ley, al fiscal. Tal que así, sin anestesia. Como se hizo con la instauración de unos plazos máximos para instruir. Sin más medios ni requisitos que la simple voluntad del legislador.

¿Nos quedamos como estamos?

Pues no es lo aconsejable. España tiene la mitad de jueces y fiscales que la media europea. Y existen además la mitad de fiscales que de jueces. Para instruir, no salen ni las cuentas. Se estima que harían falta el doble de jueces de los que hay y no hay que pensar mucho para saber que, como mínimo, habría que crear el doble de los fiscales que actualmente hay en plantilla. Para este ejercicio tan solo se prevén por presupuesto la creación de cien plazas de jueces y fiscales. Algo absolutamente ridículo. Los medios materiales que disponen los juzgados son obsoletos y la partida de justicia es la gran olvidada de siempre. Todo esto lo venimos denunciando a diario desde la Brigada Tuitera desde que nacimos como movimiento hace casi 4 años.  

Una vez que se dispusieran de medios materiales y humanos suficientes, se podrían estudiar las ventajas, si es que existe alguna, de que instruyan los fiscales y los jueces quedaran como órganos de garantía en la investigación de las causas penales. Sin una modificación del estatuto orgánico del Ministerio Fiscal en el que se eliminara su carácter cuasi militarizado y su dependencia de un órgano directamente nombrado por el gobierno de turno, la independencia de este órgano vital para el funcionamiento del estado de derecho nunca estaría garantizada.