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  • El ministro de Justicia, Rafael Catalá, y el presidente de Cruz Roja Española, Javier Senent, han firmado hoy un convenio de colaboración en materia humanitaria y de identificación de cadáveres de personas desaparecidas. 

Para ello, los Institutos de Medicina Legal y el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (INTCF) dependientes del Ministerio de Justicia, compararán sus bases de datos de cadáveres no identificados con los datos de personas desaparecidas que facilite el Servicio de Restablecimiento del Contacto Familiar de Cruz Roja Española. En caso de posible coincidencia y en los términos que fije la autoridad judicial, se comunicará a la institución humanitaria a fin de que facilite el contacto con los familiares para la realización de las pruebas pertinentes.

El actual y complejo contexto migratorio tiene como una de sus consecuencias la dispersión de las familias y la existencia de múltiples casos de personas desaparecidas. Cruz Roja Española es una institución humanitaria de carácter voluntario que posee una extensa red de servicios de restablecimiento del contacto familiar a lo largo del Estado español y que colabora con 186 países del mundo. A través de ella tiene capacidad para actuar más allá de las fronteras nacionales con total transparencia y garantía de confidencialidad. Por otra parte, los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses como órganos técnicos encargados del auxilio a juzgados, tribunales y fiscalías, tienen atribuida entre sus funciones la identificación de restos humanos y conservan en sus depósitos cadáveres sin posibilidad de identificación.

El objetivo final es colaborar en la búsqueda de personas desaparecidas como consecuencia de procesos migratorios, catástrofes naturales, etc., buscando dar respuesta a las familias y facilitando la identificación de los cuerpos que permita el archivo de los correspondientes procesos judiciales. El convenio de colaboración entre el Ministerio de Justicia y Cruz Roja Española tendrá una vigencia de cuatro años prorrogable y podrán adherirse a él aquellas comunidades autónomas con competencias en materia de Justicia que estén interesadas en prestar esta colaboración.




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