El gasto público en Justicia del Estado se elevará en 2018 hasta los 1.926,6 millones de euros, lo que supone un incremento del 3,1% respecto a la partida asignada a esta materia en 2017. Con 1.754 millones de euros de presupuesto, el Ministerio de Justicia es la institución a la que se destina la mayor inversión, el 91%, mientras que el 9% restante se reparte entre los organismos autónomos dependientes del Ministerio y el Consejo General del Poder Judicial.

El presupuesto del departamento que dirige Rafael Catalá incide en una Justicia con más y mejores medios personales y materiales, en mejorar el servicio de asistencia jurídica gratuita, fortalecer nuestro modelo de lucha contra la violencia de género y de asistencia a las víctimas de delitos y en avanzar en el proceso de transformación digital y organizativa de la Justicia iniciado en los últimos años.

En el capítulo de gastos de personal se destinarán a lo largo de 2018 1.382,8 millones de euros, el 78,7% del presupuesto total del Ministerio, lo que supone un incremento del 2,5% respecto a las cuentas del pasado ejercicio. Esta dotación se traducirá en un aumento retributivo del 1,75 para el personal de la Administración de Justicia y en la mejora de la calidad y profesionalización del empleo mediante una Oferta de Empleo Público que incluirá 3.759 plazas. La Ley de Presupuestos Generales del Estado califica como prioritaria la Administración de Justicia por lo que habilita una tasa de reposición del 100% para los distintos Cuerpos, lo que permitirá este año la creación de 1.087 nuevas plazas. Además, y con objeto de reducir la temporalidad se ofertarán otras 2.672 plazas hasta ahora ocupadas por personal interino. Asimismo, la Oferta de Empleo Público de 2018 permitirá la incorporación de 300 nuevos jueces y fiscales.

Justicia apuesta también por una mejora de las prestaciones sanitarias y sociales de sus profesionales, partidas que recibirán este año 104,5 millones de euros a través de la Mutualidad General Judicial y por el refuerzo de su formación, a la que se destinarán 10 millones de euros para la carrera fiscal, letrados y otros Cuerpos de funcionarios de la Administración de Justicia en el Centro de Estudios Jurídicos.

 

En cuanto al plan de infraestructuras y equipamientos, se destinarán este año 50,1 millones de euros, un 50% más que en 2017, para la construcción de nuevos edificios judiciales en Baleares (Ibiza, Ciudadela y Manacor), Castilla-La Mancha (Albacete, Casas Ibáñez, Guadalajara, Toledo, Talavera de la Reina y Torrijos), Castilla y León (Valladolid, Segovia, Lerma y Vitigudino), Extremadura (Badajoz y Navalmoral de la Mata) y Región de Murcia (Lorca).

Asimismo, se realizarán obras de rehabilitación y mejora en las audiencias provinciales de Soria, Salamanca y Toledo, los palacios de Justicia de Palencia y Trujillo, en la sede del Tribunal Supremo, en los edificios judiciales de Manzanares (Ciudad Real), Motilla del Palancar (Cuenca), Puertollano (Ciudad Real), Burgos de Osma (Soria) y en el antiguo edificio del Banco de España en Ceuta. Dentro de esta partida se contempla una inversión de 6,2 millones de euros para actuaciones de modernización y renovación tecnológica de equipos en el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses y en los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Por otro lado, se destinarán 108,6 millones de euros a gasto social en áreas de especial sensibilidad para el ciudadano, lo que supone un incremento del 31% respecto a 2017. En este capítulo, las cuentas del Ministerio de Justicia reflejan el esfuerzo presupuestario derivado del Pacto de Estado contra la Violencia de Género que supondrá asignar 58,8 millones de euros a la puesta en marcha de medidas de refuerzo de la asistencia jurídica gratuita, a las Oficinas de la Asistencia a las Víctimas y a las Unidades de Valoración Forense Integral, lo que permitirá mejorar con más medios personales y materiales la atención profesional a las víctimas e incrementar el número de mujeres a las que se presta asesoramiento. Por otro lado, la dotación para financiar la asistencia jurídica gratuita se eleva un 32,6% hasta los 48,7 millones de euros con los que se prevé incrementar los importes que se satisfacen por la prestación de este servicio desde los colegios de abogados y procuradores.

En cuanto a la transformación digital de la Administración de Justicia, el presupuesto de 2018 contempla una inversión de 131,3 millones de euros que permitirán, entre otras actuaciones, consolidar y completar los proyectos de Justicia y Fiscalía digital, diseñar el nuevo sistema de gestión procesal del Ministerio de Justicia, ofrecer nuevos servicios tecnológicos a profesionales y ciudadanos, reforzar la formación a los usuarios de servicios digitales de las sedes judiciales y renovar el equipamiento audiovisual de las salas de vista. Además, se incrementará la seguridad de los sistemas de la Administración de Justicia a través del fortalecimiento de las infraestructuras del Centro de Proceso de Datos y se pondrá en marcha un nuevo Centro de Control Tecnológico que permitirá mejorar la monitorización en tiempo real de los servicios. En esta partida se incluyen también 2,8 millones de euros que Justicia invertirá en la transformación y modernización tecnológica del nuevo Registro Civil digital.