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La última sentencia del Tribunal de Estrasburgo ha dado la campanada revocando las decisiones anteriores del propio tribunal. En síntesis, se puede realizar la vigilancia del correo electrónico corporativo de los empleados, pero con unas condiciones tan estrechas, que resulta difícil llevar a la práctica ese control de forma eficaz. En el entorno del sector público este debate queda lejos, porque es raro encontrar no ya instrucciones, sino ni tan siquiera recomendaciones sobre el uso del correo electrónico por parte de los empleados públicos.



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