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  • El ministro de Justicia desmiente la suposición de que a través del sistema se pudiera acceder a expedientes judiciales
  • LexNET es un medio consolidado y seguro en el que si se hace un uso legal y ético, es imposible acceder a información que no sea propia
  • A pesar de las incidencias, durante el mes de julio las notificaciones aumentaron un 11,3% y los escritos un 35,9% respecto al mismo mes de 2016 

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha garantizado hoy durante su comparecencia a petición propia en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, que la parada de casi 52 horas experimentada en los servicios de LexNET durante los últimos días del pasado mes de julio no produjo indefensión o merma en los derechos de los ciudadanos y ha reafirmado su confianza en las potencialidades de un servicio que solo en el último año y medio ha facilitado la realización electrónica de cerca de 140 millones de comunicaciones.

En este sentido, el ministro de Justicia, que ha criticado la desproporción en las reacciones surgidas ante ese problema en LexNET que han originado artificialmente sombras, dudas y sospechas infundadas que dañan la credibilidad y confianza en la Justicia, ha reafirmado el objetivo de transformación tecnológica de este servicio como uno de los proyectos estratégicos de su departamento.

Catalá ha explicado ante los diputados de la Comisión de Justicia las incidencias registradas en julio y las medidas adoptadas para su resolución, a la vez que ha desmentido la afirmación de que a través de LexNET es posible acceder a todos los expedientes y documentos contenidos en los expedientes judiciales. El ministro ha explicado que LexNET es exclusivamente un instrumento electrónico que transmite los documentos desde el profesional hasta el juzgado, siendo estos borrados automáticamente en un plazo de 60 días, y ha aclarado que no se trata de un archivo de expedientes, grabaciones de vistas u otros documentos judiciales.

Así, el ministro ha recordado que el uso de la plataforma está muy delimitado, reservándose a los profesionales de la Justicia, principalmente abogados, procuradores y graduados sociales, que acceden a su propio buzón mediante tarjeta criptográfica y una clave personal, así como al resto de colectivos obligados por ley a comunicarse electrónicamente con los órganos judiciales, como las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, hospitales, centros penitenciarios y los funcionarios de la oficina judicial. Esto hace que, según Catalá, LexNET sea un sistema consolidado y seguro en el que es imposible acceder a información que no sea propia si se hace un uso legal y ético.

En ese sentido, el ministro ha explicado que los defectos detectados durante el 27 de julio se justifican en el despliegue de una nueva versión de LexNET que se lanzó siete días antes.

Catalá ha desmentido cualquier información referente a la exposición de los documentos que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado intercambian con los juzgados ya que estas comunicaciones se producen a través de sus propios sistemas de gestión y el error solo afectó a los accesos a través de Internet.

Una vez alertados del fallo, los técnicos del Ministerio trabajaron intensamente en su resolución y consiguieron solventarlo durante la tarde del propio jueves 27 de julio. Ese mismo día se constituyó en el Ministerio un Comité de Seguimiento que abrió una auditoría interna para aclarar las circunstancias del incidente, al tiempo que se notificó a la Agencia Española de Protección de Datos y posteriormente al Consejo General del Poder Judicial y se requirió la asistencia del Centro Criptológico Nacional.

El viernes 28 de julio, se decidió por razones preventivas trabajar durante el fin de semana en la revisión de la seguridad del sistema. Así, se suspendió el servicio desde las 16:30 horas de ese viernes ante la existencia de una escasa actividad de conexión, hasta las 20:25 horas del domingo 30 de julio, cuando el sistema volvió a estar completamente operativo y con todas las garantías de seguridad.

Esa interrupción del servicio, ha explicado el ministro, no causó indefensión ni merma en los derechos de los ciudadanos puesto que la Ley de Enjuiciamiento Civil prevé la posterior presentación de documentos en la oficina judicial con el justificante de esa parada.

Por otro lado, el mismo viernes 28 de julio se detectó un ataque a una página web del Ministerio por parte de una persona ajena al ámbito de la Justicia. Fue bloqueada e identificada en el momento y denunciada el martes 1 de agosto ante la Brigada de Investigación Tecnológica del Cuerpo Nacional de Policía. Si bien no consiguió hacerse con información sensible, sino obsoleta, pública y en la que no se incluyen datos personales, judiciales o confidenciales, accedió a un servidor sin autorización y descargó y difundió información.

Una vez restablecida la normalidad del sistema, durante el lunes 31 de julio la aplicación funcionó de forma correcta, acreditando casi 233.000 notificaciones y cerca de 51.000 escritos presentados, cifras que suponen un incremento superior al 50% respecto al último día hábil del mismo mes de 2016. Además, como muestra de la mínima influencia de esta incidencia, durante todo el mes de julio se realizaron un 11,3% de notificaciones más que en el mismo periodo del año anterior (casi 5,7 millones), presentándose un 35,9% más de escritos (cerca de los 1,7 millones).

Rafael Catalá ha explicado que LexNET empezó a funcionar en el año 2004, si bien ya se recogía en el Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia suscrito en 2001, cuando se consideró conveniente que los profesionales de la Justicia utilizaran medios electrónicos en su relación con la Administración de Justicia.

La necesidad de apostar por la digitalización con más convicción y firmeza que se había hecho hasta el momento, hizo que el Ministerio de Justicia se dispusiera a impulsar dos líneas de actuación prioritarias que suponían por un lado, la culminación de la implantación de las comunicaciones electrónicas entre profesionales y por otro, garantizar que juzgados y tribunales del territorio gestionado por el Ministerio de Justicia pudieran llevar a cabo una tramitación procesal electrónica.

En este contexto se incluye la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil que estableció la obligación de utilizar medios electrónicos entre los profesionales de la Justicia y los juzgados a partir del 1 de enero de 2016. Para ello, durante 2015 se emprendieron una serie de actuaciones como facilitar el desarrollo de LexNET en el orden penal y lanzar la aplicación LexNETAPP, aumentar la capacidad de 6Mb a 10Mb, dotar a las sedes judiciales de dobles pantallas y escáneres, lanzar un total de 1.127 acciones formativas para 9.874 funcionarios, poner en marcha nuevos canales de atención e información y mantener más de 31 reuniones con las comunidades autónomas con las que se creó la Comisión Justicia Digital.

Durante los primeros meses de 2016, la actividad en LexNET se multiplicó por diez, por lo que en marzo de ese mismo año se emprendió un plan de choque destinado a la optimización y mejora del sistema que consiguió mejorar los tiempos de respuesta en un 30%, simplificando el acceso e incorporando nuevas funcionalidades demandadas por los propios profesionales. De esta forma, se llegó a una nueva infraestructura con mayores niveles de seguridad y rendimiento y se amplió la capacidad del sistema para que fuera posible enviar documentos de hasta 15Mb, más del doble que dos años antes, cumpliendo una demanda de los profesionales.

Durante estos últimos años el servicio ha sido razonablemente estable. Concretamente, en el último año y medio LexNET ha estado disponible 13.600 horas, un 98,21% del total del tiempo, y sólo se vio interrumpido por causas sobrevenidas durante 107 horas, el 0,75%. Se han conseguido reducir los tiempos de presentación y notificación en los juicios ordinarios de 60 a 19 días. Catalá ha expuesto que el coste total de los diferentes desarrollos del sistema en casi 14 años de funcionamiento asciende a 11,8 millones de euros. A lo largo de ese periodo se han realizado 340 millones de comunicaciones con un coste unitario de 0,034 euros, muy inferior por ejemplo, a los 4,7 euros que supone un certificado postal con acuse de recibo.

No obstante, el ministro ha manifestado la intención de seguir mejorando la funcionalidad, seguridad y prestaciones del sistema y la incorporación de nuevos colectivos profesionales e instituciones. Con ese fin, se está trabajando en un nuevo Escritorio Profesional que ampliará la capacidad de relación y gestión del usuario con la Justicia y supondrá una evolución de LexNET en el futuro sistema de gestión procesal común. 




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