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Tanto el art. 3 de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, como el art. 82 del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios asocian el concepto de cláusula abusiva al «perjuicio del consumidor y usuario», de modo que si en la relación contractual no está presente un consumidor o usuario no cabe hablar en sentido propio de cláusulas abusivas. Y el art. 2 de la Directiva 93/13/CEE, al igual que el art. 3 del texto refundido, define el consumidor como «toda persona física que, en los contratos regulados por la presente Directiva, actúe con un propósito ajeno a su actividad profesional». Por lo tanto, para poder ser considerado consumidor no basta con ser persona física; también es necesario que esa persona actúe con un propósito ajeno a su actividad profesional.



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