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Antecedentes

La reforma y actualización del estatuto jurídico del animal que en estos momentos se está tramitando en España no supone ninguna novedad en el mundo ni excentricidad alguna. De hecho, este proceso descosificador hace ya bastantes años que se empezó a abordar y plasmar en los ordenamientos jurídicos de distintos países de nuestro entorno.

El progreso social y, muy especialmente, los avances científicos han disipado toda base real que permitiera, en las legislaciones modernas, la perpetuación y sostenimiento de la noción cartesiana de los animales como meras máquinas biológicas carentes de cualquier atisbo de sensibilidad o inteligencia[1].

Como catalizador legal de las reformas precedentes a la que se está acometiendo en España podemos citar el Protocolo sobre la Protección y Bienestar de los Animales, anexo al Tratado Constitutivo de la Unión Europea, en su versión de 1997 dada por el Tratado de Amsterdam, en vigor desde el 1 de mayo de 1999. Fue el primero en reconocer la sintiencia animal al establecer que: “LAS ALTAS PARTES CONTRATANTES, DESEANDO garantizar una mayor protección y un mayor respeto del bienestar de los animales como seres sensibles (…)”. Sin embargo, este reconocimiento, al estar recogido en un Protocolo, tenía un muy escaso valor jurídico, tal y como quedó de manifiesto en la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) del caso Jippes, de 12 de julio de 2001. Así pues, no fue hasta 2009 cuando finalmente el reconocimiento de los animales como seres sintientes alcanzaría pleno valor jurídico como principio general y constitucional de Derecho de la Unión Europea. Este estatuto de los animales como seres sintientes, incorporado al Tratado de Lisboa el 1 de diciembre de 2009[2], obliga también a los Estados miembros de la Unión Europea.



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