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La Constitución marca los límites de la legalidad de nuestro ordenamiento jurídico. Tanto en el orden positivo como en el negativo. Como dispone su art. 9.1, la Constitución “garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las dispo¬siciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos indivi¬duales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos”. Cualquier disposición legal emanada de un órgano legislativo que se oponga al texto Constitucional podrá ser declarada inconstitucional, pero para ello es preciso que el Tribunal Constitucional así lo declare expresamente, bien en un recurso o bien en una cuestión de constitucionalidad o en su caso en un recurso de amparo.



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