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Según han indicado algunos conocidos defensores de la independencia de Cataluña, habría que realizar una declaración unilateral de escisión de manera inmediata tras la votación del referéndum del día 1 de octubre. Algunos parecen saber con antelación que es lo que debe ocurrir con el resultado de la votación atendiendo a sus propios intereses.

Una de las más relevantes consecuencias que tendría una eventual independencia de Cataluña está relacionada con las carencias que afectarían a ese territorio, si pudiera llegar a constituir un Estado, en lo que al Derecho Público se refiere. No se ha destacado este inconveniente del proceso de separación, pero se van a padecer sus efectos si termina produciéndose la independencia de la actual Comunidad Autónoma.

En Cataluña, existe un sistema de Derecho Privado completo gracias a la aprobación de los diferentes libros del Código Civil catalán, que incluyen reglas que podrían resultar suficientes. Sin embargo, no sucede lo mismo con el Derecho Público en ese territorio.

Hay muchos aspectos normativos relacionados con el régimen jurídico de las Administraciones Públicas, con el procedimiento administrativo y con el ejercicio de potestades que están ya cubiertas por leyes catalanas. Sin embargo, hay muchas lagunas dentro del Derecho Público catalán en lo que afecta a las normas penales, laborales y procesales.

El artículo 149 de la Constitución recoge las competencias exclusivas del Estado para regular los aspectos penales, laborales y procesales del ordenamiento jurídico español. Al no existir, para las Comunidades Autónomas, la opción de legislar sobre esas materias, habrá, si Cataluña se independiza, un importante vacío legal que generaría una gran inseguridad jurídica y que posibilitaría la arbitrariedad de los poderes públicos.

Especialmente problemáticos serían, para los ciudadanos, los aspectos relacionados con las actividades que podrían llegar a tener relevancia penal y con su tratamiento. La falta de un Código Penal catalán debería impedir el castigo de aquellas conductas más lesivas para los bienes jurídicos más importantes. También sería necesaria, además de una norma penal, un conjunto de reglas procesales para determinar como deben acreditarse y calificarse los hechos con trascendencia penal.

Hay que destacar que la opción de utilizar leyes españolas ante el vacío legal en un hipotético Estado catalán constituiría una chapuza jurídica poco coherente. Sin embargo, esa posibilidad existe, pues no hay que descartar que puedan, los dirigentes independentistas, terminar aplicando normas españolas traducidas al catalán, por el tiempo que se requiere para elaborar y aprobar leyes decentes.

Al final, si Cataluña se separa del resto de España, se conseguirá que unos pocos puedan seguir utilizando a la mayoría de los ciudadanos con total libertad y sin temer a las consecuencias que deberían generarse en el territorio catalán. De ese modo, algunos podrían hacer lo que quisieran como desearan, aunque eso perjudique a la sociedad.




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