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Todos sabemos que el artículo 57.2 de la Ley de Extranjería (LO 4/2000) determina la expulsión de cualquier ciudadano extranjero que haya sido condenado a pena privativa de libertad superior a un año, por la comisión de un delito doloso, tanto dentro como fuera de España. Han sido muchos los quebraderos de cabeza que nos ha dado este artículo, y le quedan aún cuestiones que, por grande que sea nuestra imaginación, no vamos a llegar a adivinar hasta que se presente el problema a un ciudadano concreto.

En los primeros años de vigencia de la ley, recuerdo los recursos relativos a si el año de privación de libertad era referente a la condena efectivamente impuesta, o se refería a la pena en tipo, en abstracto… ya ha pasado tiempo y pese a la corriente doctrinal relativa al principio de individualización científica de la pena, que asentó que se tendría en cuenta la pena efectivamente impuesta, de cuando en cuando, quizá demasiado frecuentemente, sigue dando problemas.



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