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I.- INTRODUCCIÓN

Es opinión prácticamente unánime que la jurisdicción contencioso-administrativa es una, quizá la más, de las desconocidas, jurisdicción militar aparte. Las causas de este ostracismo son muy variadas, y ofrecen diferentes intensidades. Podríamos señalar, el sistema de enseñanza del derecho administrativo. Este, pese a la omnipresencia de las administraciones públicas en la vida ciudadana, no ofrece un nivel de enseñanza comparable al derecho civil. Fiel diagnóstico de la situación que refiero es la muy escasa importancia que se atribuye al derecho administrativo en el temario exigible para el acceso por oposición a las carreras judicial y fiscal. Si a esa situación de relativo desconocimiento se unía una jurisdicción contencioso-administrativa anteriormente colapsada en las antiguas Audiencias Territoriales, no atractiva en su práctica y soluciones, podemos concluir sin gran margen de error que la justicia contencioso-administrativa era una justicia bastante desconocida. Sin embargo, tras el crecimiento exponencial de las administraciones públicas y la reforma del orden contencioso-administrativo, con una tasa de pendencia muy aceptable, esta jurisdicción entiendo que se está reubicando, situándose como un ámbito procesal de primer orden. Buscan entonces estas breves líneas identificar errores o prácticas forenses que según los casos deberán evitarse o utilizarse en caso de necesidad. Son reflexiones ligeras, pero espero interesantes, al menos para el abogado novel.

Resulta muy conveniente decidir la estrategia bajo la cual se va abordar el pleito contencioso-administrativo, de cara a incrementar las probabilidades de éxito. Esa estrategia podemos dividirla a su vez en dos tipos, una estrategia procesal y una estrategia material.

En esta primera estrategia procesal deberemos analizar y sopesar el “escenario de batalla”, el concreto espacio donde vamos a defender nuestras posiciones. Incluso en ocasiones podríamos elegirlo, siempre, obvio es decirlo, donde más nos convenga. Igualmente deberemos escoger “nuestras armas”; el modo en que vamos a ofrecer nuestros argumentos jurídicos, si vamos a utilizar recursos defensivos excepcionales e incluso cómo plantear nuestros recursos o alegatos ofensivos de un modo eficaz.

Y en una ulterior estrategia que definimos como material, trataremos de ofrecer una argumentación jurídica coherente, precisa, correcta y eficaz, huyendo de argumentaciones inadecuadas, abstractas o simplemente inútiles.

Sólo teniendo presente ambas estrategias podremos aspirar a una decisión jurisdiccional con un riesgo ” ε “[1].



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