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Nuestro legislador hace ya casi veinte años se sumó a la tendencia de entonces en los países de nuestro entorno de legislar sobre la peligrosidad de los perros en base, principalmente, a la raza a la que pertenecen.  Así, después de la Dangerous Dogs Act del 1991 en Reino Unido, siguieron leyes similares en Holanda, Alemania e Italia, algunas de ellas ya derogadas y otras modificadas para incidir más en la tenencia responsable que en la raza del animal. En España se promulgó la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos y el reglamento que la desarrolla, el Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo, después de una serie de trágicos incidentes protagonizados por perros, con una gran repercusión en los medios y que causaron alarma social. No me extenderé más aquí, y me permito remitirme al excelente artículo publicado en este blog por nuestra admirada compañera Amparo Requena Marqués, donde analiza tanto la legislación que “padecemos”, como la difícil situación de los perros a los que se etiqueta como “peligrosos” con independencia de su carácter y comportamiento.



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