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Ayer se publicó en el BOE la Ley 9/2017 de contratos del sector público, de 294 páginas en pdf. Es evidente que esta nueva norma ha de ser conocida por los penalistas, toda vez que puede afectar a los delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, falsedades documentales como instrumentales de los anteriores, fraudes y exacciones, el delito del art. 262 Cp, etc.



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