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Se presentó en el Congreso la iniciativa para derogar la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza. La cuestión es, si esa reforma era verdaderamente necesaria o si por el contrario, se debía más a la demagogia de algunos políticos. ¿Por qué? Porque como siempre, la ciudadanía seguirá viviendo igual, bien o mal, tanto antes como después de la ley.

El problema no estriba en el contenido de la ley que supuestamente busca fortalecer la seguridad ciudadana, seguridad que España ya tenía antes de la reforma de la ley, sino que el verdadero problema está en el funcionamiento de la ley administrativa en nuestro país que tiene dos prerrogativas: la primera, que goza de la presunción de veracidad; y la segunda, que sus actos son ejecutables antes de ser revisados por un juez. Por ello, independientemente del fondo normativo de la Ley de Seguridad Ciudadana, lo que subyace en profundidad es la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 39/2015 antigua Ley 30/92, y el hecho de que en España, a pesar de ser proclamados en nuestra Constitución, los Derechos Fundamentales, en algunos casos, no se respetan. No se respetan por algo tan sencillo como que no somos iguales ante la ley.

¿Es serio que una Administración Pública goce de privilegios frente a los derechos de los ciudadanos? No, y sin embargo, nadie lo crítica. Ningún partido político desea tocarlo porque ello supondría desprenderse de poder. El debate no debería girar en torno a la fácil y relativa derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana, sino que lo pertinente sería plantearse con qué ley estamos más seguros, y qué leyes respetan materialmente y realmente los Derechos Fundamentales como es nuestro derecho a la igualdad (art. 14 de la Constitución). Si la palabra de un ciudadano libre y supuestamente igual ante la ley vale menos que el de la Administración o la Policía.

Si una Administración Pública considera que se ha realizado un acto susceptible de ser sancionable, las posibilidades de defensa y el derecho a tener igualdad de armas, por principios jurídicos, debería de ser igualdad ante la ley sea quien sea, administración o ciudadano, como marca nuestra Constitución, y sería así, tarea menos ardua el demostrar la inocencia o la culpabilidad. Sin embargo, esto no ocurre (con o sin ley mordaza) pues el problema subyace en otra ley que a nadie le interesa tocar. Por ello, mientras nuestros representantes sigan más preocupados por sus eslóganes que por entender el problema real de las cosas, como por ejemplo la vulneración de los Derechos Fundamentales, lo único que nos queda es esperar. “Una cosa no es justa por el hecho de ser ley. Debe ser ley porque es justa”, Monstesquieu.




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