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En un sistema en el que la propiedad privada está reconocida constitucionalmente ( art. 33 Constitución Española) y en el que los derechos de disfrute tienden a atribuir al titular las máximas posibilidades de utilización sobre su inmueble, las restricciones a las facultades dominicales han de interpretarse limitadamente, de tal forma que su titular puede acondicionar su propiedad al uso que tanga por conveniente, siempre y cuando no quebrante alguna prohibición legal, y ello aunque suponga un cambio de destino respecto del previsto en el título constitutivo (Sentencias del Tribunal Supremo de 20 de septiembre y 10 de octubre de 2007.



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