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La Constitución se ha cuidado de establecer la reserva de ley en materia sancionadora, debiendo una norma con rango legal ocuparse de tipificar infracciones y establecer las sanciones, de manera que no pueda el Ejecutivo mediante su potestad reglamentaria decidir sobre “haciendas y vidas”. Esa reserva de ley tiene su origen remoto en la tutela de la propiedad y la libertad por los revolucionarios franceses así como en los antecedentes de la gloriosa revolución inglesa (1688) y que abrió camino a que los señores feudales o las comunidades ciudadanas pusiesen freno al poder del rey, con el genial artificio de obligarle a pactar que solo las leyes ( y no el capricho soberano) podrían establecer impuestos o privar de libertad.



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