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El código civil español establece que para la concesión de nacionalidad española por residencia se requiere que la misma haya durado diez años, como excepción dicho plazo será acortado a cinco años para los que ostenten la condición de refugiados y a dos años para aquellos que sean originarios de países iberoamericanos, además de Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial, Portugal o para los de origen sefardí.
                
La residencia legal, que puede conllevar a la nacionalidad, podrá darse en distintas situaciones para los extranjeros que se encuentren en España, como por ejemplo a los que dispongan de medios de vida suficientes y que quieran permanecer en el territorio sin realizar una actividad lucrativa, a los que sean beneficiarios de una reagrupación familiar, a los que, sin permiso, hayan permanecido de forma continuada en el territorio español por el plazo legal exigido, para aquellos que permanezcan de manera continuada por al menos tres años en situación de arraigo laboral, social o familiar, a las personas consideradas desplazadas, a las personas que tengan el asilo denegado pero que hayan recibido el permiso de residencia por el Ministerio del Interior, a las personas que sean beneficiarias de ayudas humanitarias, o a las personas que reciban el permiso de residencia por una razón de interés nacional o de seguridad social.
 



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