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Un propietario es titular de una parcela a 10 metros de la playa. Como la zona es muy buena y cercana a la playa, sopesa la posibilidad de construir una pequeña casa como segunda residencia para el verano. Acude al ayuntamiento, donde se le comunica que su parcela está afectada íntegramente por la servidumbre de protección de costas y que el uso residencial está prohibido. Pese a esta prohibición toma la nada aconsejable decisión de arriesgarse y comienzar a construir un chalet que termina en el año 2000.

En el año 2016, la administración inicia un procedimiento sancionador por  existencia de una obra ilegal e ilegalizable sobre servidumbre de protección que se resuelve a los 3 meses, ordenando la demolición de la obra.

¿Puede la administración ordenar demoler la edificación pese a que hubiese transcurrido más de 16 años desde su finalización?



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