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La legitimación, que constituye un presupuesto inexcusable del proceso, según resulta de la doctrina jurisprudencial (véanse, por todas, las Sentencias delTribunal Supremo de fechas 14/10/2003, 07/11/2005 y 13/12/2005) así como de la jurisprudencia constitucional (véase, por todas, la Sentencia del Tribunal Constitucional Núm. 65/1994), entraña, en el proceso contencioso-administrativo, la existencia de una relación material unívoca entre el sujeto y el objeto de la pretensión deducida en el recurso contencioso-administrativo, en referencia a un interés en sentido propio, identificado y específico, de tal suerte que la anulación del acto o la disposición impugnados produzca automáticamente un efecto positivo (beneficio) o negativo perjuicio), actual o futuro, pero cierto (véanse, entre otras, las Sentencias del Tribunal Constitucional Núms. 105/1995, de 3 de julio, 122/1998, de 15 de junio, y 1/2000, de 17 de enero). 



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