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El 14 de septiembre de 2017, la Mesa de la Cámara del Congreso de los Diputados acordó admitir a trámite una proposición de ley de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil y de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, en materia de costas del proceso.

El Grupo Parlamentario Socialista pretende con ella, entre otros objetivos, matizar  el principio del vencimiento objetivo, según el cual se imponen las costas del proceso a la parte que ve totalmente desestimadas sus pretensiones. Entre los motivos para justificar la proposición de ley, no figura uno, creo, importante: el ataque que dicho principio implica contra la dignidad de los abogados, pero también de los magistrados y de la Administración de Justicia en general.[1]



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