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José María Alonso y Carlos José Entrena Palomero

  • El decano madrileño defiende el impulso de los sistemas de arbitraje y mediación como vía para descongestionar juzgados y tribunales 

El decano del Colegio de Abogados de Madrid, José María Alonso, ha defendido la importancia de desarrollar la abogacía preventiva y los sistemas alternativos de resolución de conflictos para contribuir a descongestionar juzgados y tribunales. “Casi la mitad de los casos que llegan a un despacho se resuelven sin necesidad de llegar a los tribunales”, ha señalado. “Si lográramos que los ciudadanos tuvieran un abogado de cabecera, como sucede con los médicos, nos evitaríamos un gran número de problemas legales, sociales y económicos”.

Invitado por el Club Liberal Español, Alonso impartió anoche una conferencia sobre el papel de la abogacía en la protección de los derechos fundamentales y en la producción de capital social. Tras reivindicar el orgullo de pertenencia a un oficio “tan determinante para el buen funcionamiento del Estado de derecho y para la calidad de la propia democracia”, el decano destacó “el extraordinario potencial y el enorme valor produciendo riqueza que el sector de la Abogacía en Madrid y en España aporta al peso de nuestra economía y al propio tejido social”.

 

Instituciones como el Colegio de Abogados de Madrid, recordó Alonso, son además instrumentos de la sociedad civil “tremendamente útiles para proteger nuestros derechos y hacer avanzar nuestras libertades, empezando por los más fundamentales”.

En ese sentido, el decano destacó la importancia de ver en la Constitución “el patrimonio de nuestra libertad, de nuestra convivencia y de nuestra concordia”. La Constitución, prosiguió, “es una conquista de todos y es un aval sustantivo a un largo y difícil camino que tuvimos que hacer los españoles para alcanzar el pleno reconocimiento y desarrollo de nuestras libertades”.

Por último, el decano situó el reconocimiento de los derechos fundamentales en la base de toda democracia política, porque afectan a la dignidad de la persona, a los derechos inviolables que le son inherentes y al libre desarrollo de la personalidad: “son el fundamento del orden político y de la paz social”, concluyó.

 

 




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