En estos momentos se ultima un acuerdo de un nuevo Decreto sobre Justicia Gratuita entre el Consejo Vasco y el propio Gobierno de esta CCAA “El País Vasco trabaja en su expediente digital electrónico propio que debería ser homologable al resto del Estado español en julio, fecha de la entrada en vigor del expediente digital en todo el territorio nacional. Ahora trabajamos como siempre”
La última vez que hablamos con nuestro interlocutor fue en Vitoria el transcurso del último Congreso que la Abogacía celebró, un evento que abordó las cuestiones principales que preocupan a los profesionales de la abogacía. “ En los siete últimos meses está aún más vigente la Declaración de intenciones que leyó Carlos Carnicer, presidente del CGAE, donde se apuntan muchas cuestiones relacionadas con los nuevos tiempos para la abogacía, la necesidad de una Ley Orgánica sobre el Derecho a la Defensa y el impulso de un Pacto de Estado sobre nuestra justicia”; apunta Javier García Pascual, decano del Colegio de Abogado de Araba y nombrado hace dos días presidente del Consejo Vasco de la Abogacía, una entidad que el año pasado cumplió su primer cuarto de siglo y que es el interlocutor válido con el propio Gobierno Vasco. “Los Colegios de Abogados son necesarios por muchos motivos, tanto para el abogado como para el propio ciudadano. En estos seis años que llevo en el CGAE he visto como se han ido adaptando al nuevo entorno, la penúltima prueba lo tenemos con Lexnet. No se puede alejar la justicia de los ciudadanos”, opina.
Hay 2.370 abogados del turno de oficio en Euskadi
En estos siete meses en los que se han celebrado unas elecciones generales en nuestro país, poco ha cambiado el escenario de aquel evento que tuvo lugar en Vitoria, y en el que se oyeron las voces de muchos abogados preocupados por el cariz de algunas reformas que al final cristalizaron en cambios parciales, como ha sido la reforma del Código Penal del mes de julio o la de la LECrim, con un mes de vida exactamente : “ En este periodo de tiempo estamos ultimando de negociar un nuevo Decreto de Justicia Gratuita en Euskadi, al no aprobarse finalmente la Ley de Justicia Gratuita que quedó en el Parlamento estatal frenada. Confiemos que se pueda aprobar un decreto nuevo cuanto antes”, apunta Javier García Pascual. Para este jurista la reforma que se pide es la de modificar el decreto aprobado por el anterior gobierno socialista que había generado muchas críticas en los propios abogados al fomentar la burocracia en la tramitación del servicio “aunque hay cuestiones que no se pueden abordar si no hay una reforma previa de la Ley antes”, revela.
En la actualidad, hay 2.370 los abogados que atienden el turno de oficio en esta CCAA, algo menos de la mitad de los colegiados en la comunidad autónoma. La asistencia letrada a los detenidos la garantizan 1.958 profesionales y la violencia de género, 871 con un presupuesto para 2016 superior a los 14,5 millones consignados podrían incrementarse más si la demanda prevista de 19.000 personas se viera desbordada a lo largo de este año: “Hemos logrado el pago trimestral de los baremos y es cierto que hay algunos retrasos, pero no tanto como en otras CCAA. Aquí el problema está en muchos trámites que hay que pasar para certificar el servicio. En los próximos días cobraremos el tercer trimestre del 2015”, apunta nuestro interlocutor. A su juicio, el cambio de Gobierno en el País Vasco ha ayudado a un mejor entendimiento con los propios abogados, de la labor que realizan estos profesionales con las personas que menos tienen.
Respecto a Lexnet, sabemos que el País Vasco, con sistema procesal propio, Justicia SiP prefiere apostar por su aplicación hasta que se homologue el mismo a Lexnet durante el próximo verano. “Por una decisión política se trabaja en el expediente digital electrónico propio que debería ser homologable al resto del Estado español en julio, fecha de la entrada en vigor del expediente digital en todo el territorio nacional”, comenta García Pascual. La situación actual en los juzgados de esta zona de España es un poco de prueba, en diferentes jurisdicciones, con notables incidencias en la instrucción penal “es útil la aplicación Lexnet Abogacía realizada desde el CGAE y aún los procuradores nos pasan los documentos en papel”, relata nuestro interlocutor, quien advierte que lo del mandato legal del Ministro Catalá es una buena idea “siempre y cuando se tengan los medios adecuados para llegar a ella”, insiste.
Retos que asume como presidente
Son precisamente este tipo de cuestiones; tránsito de la justicia tradicional a la digital, la presencia de la abogacía en cuestiones claves como el nuevo Decreto que se negocia sobre Justicia Gratuita en el País Vasco, algunas de las cuestiones que están en la agenda del nuevo presidente del Consejo Vasco de la Abogacía “Junto a estas iniciativas, hay otros más genéricos que preocupan en el futuro como la nueva Ley de Servicios y Colegios Profesionales, en la que entiendo que los abogados tenemos que dar el primer paso ante el nuevo Gobierno cuando se forme para plantear nuestras reales reivindicaciones”; comenta. Es precisamente esta situación actual de falta de un partido con mayoría la que puede “propiciar que en un entorno como el actual se llegue a un Pacto de Estado por la Justicia”. Y se acuerda de unas palabras de Carnicer a otro medio informativo en las que se hablaba que los abogados habían llegado a un consenso, limando asperezas a nivel nacional, y que los políticos tenían que hacer lo mismo.
La elección de Javier Garcia Pascual, como presidente de la Abogacía Vasca, al igual que la de Oriol Rusca, en el Consell catalán, suceden en un entorno electoral donde el próximo 14 de enero se elegirá al nuevo presidente del CGAE: “Me parece oportuno mejorar, como dicen todos los candidatos, las relaciones entre el propio Consejo y los Consejos Autonómicos que existen en estos momentos. Hay que darse cuenta que en cada CCAA con competencia transferida hay elementos normativos diferentes. Es una cuestión básica a mejorar, sin duda”, indica. Otro tema de discusión es el papel de los Consejeros no Decanos en el CGAE, ahora en puestos estratégicos de la entidad “es posible que haya que revisar esta figura y ver realmente cuál debe ser su papel dentro de la institución. Ese papel relevante debería reservarse a Consejeros decanos”, indica. Sobre la votación, nuestro entrevistado señala que el Consejo de la Abogacía Vasca no ha dado instrucciones para votar a nadie: “En el caso de Araba, no es tanto una cuestión personal como que sea la Junta de Gobierno del Colegio quien decida a quien vamos a votar”.
Elecciones reñidas en el CGAE
Desde su punto de vista estamos ante las elecciones más reñidas que se recuerdan a la presidencia del CGAE “y de una importancia notable. Se espera un resultado muy reñido al final porque sustituir a un referente como ha sido Carlos Carnicer no será fácil esa elección por los propios decanos. Nos encontramos ante un momento clave para la abogacía donde tendremos que afrontar reformas que llegarán en esta legislatura, tanto en la futura Ley de Servicios y Colegios Profesionales como en la propia Justicia Gratuita, de la que hablamos antes”. Para este experto jurista, no es tanto esperar la nueva reforma como dar el primer paso y presentar propuesta a la propia Administración de esos cambios normativos: “En el tema de Competencia y los Colegios, creo que hay encaje normativo suficiente para defender la postura que defendemos desde las instituciones colegiales, lo veo desde mi posición de presidente de la Comisión de Derecho Regulatorio del CGAE. El Turno de Oficio es un servicio público que se debe prestar bien”; aclara.
Sobre el futuro político que le espera a nuestro país, insiste en que “es fundamental adaptar las leyes procesales a la realidad actual del país. Para intentar mejorar la situación de nuestra justicia, hay que saber realmente su situación real. Espero que el próximo Ministro de Justicia se pasee por los juzgados y escuche a todos los operadores jurídicos, sin excepción. Se tienen que modificar las leyes que luego sobre la práctica puedan ejecutarse”, subraya. Y advierte que si no funciona el sistema procesal el derecho sustantivo poco tiene que hacer. Desde su punto de vista las reformas últimas de la LEC o LECrim se han hecho de manera poco realista sin tener en cuenta la situación hoy en día de los juzgados y las propias características de cada CCAA, doce en estos momentos con competencias transferidas. “Al margen de la política, si creo que debería haber mejor colaboración y coordinación entre Ministerio de Justicia, CGPJ y las propias CCAA de las que hemos hablado ahora”, finaliza
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