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  • La presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega, destaca el compromiso de los abogados con una Justicia “ágil, próxima y de calidad”
  •  Más de 150 responsables de Colegios de Abogados participan en el ICA Oviedo en las XII Jornadas Nacionales de las Comisiones de Relaciones con la Administración de Justicia

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, manifestó ayer que el proyecto de reforma de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita presentado en el Congreso de los Diputados la semana pasada “va a aclarar de una vez por todas y para el futuro la naturaleza de servicio público del turno de oficio” y por tanto su no sujeción al IVA. Catalá hizo estas manifestaciones durante la inauguración de las XII Jornadas Nacionales de Comisiones de Relaciones con la Administración de Justicia que entre hoy y mañana reúnen en el Colegio de Abogados de Oviedo a más de 150 responsables de colegios de abogados y representantes de los diferentes operadores jurídicos.

El ministro, que estuvo acompañado por la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Victoria Ortega, indicó que “la actividad del turno de oficio tiene naturaleza de servicio público y una cierta obligatoriedad para los colegios de abogados y por tanto para los profesionales, y las compensaciones que se perciben por dicha actividad no son remuneraciones en sentido estricto, no están pactadas entre partes, sino que derivan de un baremo aprobado por las administraciones publicas y por tanto se parecen más a una indemnización que a una retribución. Por ello, con esas dos características, la obligatoriedad  por un servicio público y la indemnización por la compensación percibida, quedará perfectamente claro que es una actividad no sujeta al impuesto del valor añadido y u naturaleza de servicio público”.

Catalá abogó por el logro de una justicia más ágil, propia del siglo XII y para ello dijo que s preciso “modificar sustancialmente el procedimiento penal de nuestra más que centenaria Ley de enjuiciamiento criminal” y “avanzar en que la investigación la lleven a cabo los fiscales como en toda Europa, mientras que el juez de garantías tendrá la función de asegurar la protección y la tutela de los derechos fundamentales de los ciudadanos”. En su opinión, “esto traerá consigo un acortamiento de la fase de investigación” y una “simplificación del procedimiento”.

La nueva ley de enjuiciamiento criminal, añadió, “irá acompañada de un nuevo estatuto orgánico del ministerio fiscal y una modificación de la ley de planta”, así como de otras normas que mejoren la justicia penal. Asimismo, señaló que es preciso mejorar también los sistemas de ejecución de la justicia civil.

El titular de Justicia cree que es necesario un “cambio de cultura de los profesionales y el conjunto de la sociedad que lleve a utilizar intensivamente los medios extrajudicial de conflictos, como la mediación y el arbitraje, para resolver una buena parte de las discrepancias entre ciudadanos” y  sacarlas de la jurisdicción.

Finalmente indicó que los Presupuestos generales del Estado traerán “buenas noticias en cuanto a las dotaciones de los créditos para la política de justicia”, contemplando una “oferta de empleo público muy importante” para convocar plazas de jueces y fiscales y “la creación de nuevos órganos jurisdiccionales”.

La presidenta de Abogacía Española, por su parte, destacó el compromiso de los Colegios de Abogados para “lograr una Justicia ágil, próxima y de calidad que merezca la confianza de la ciudadanía y dé respuesta a los problemas legales que se planteen”. Victoria Ortega recordó que uno de los objetivos que marca el Plan Estratégico que establece la actividad del Consejo General de la Abogacía Española para los próximos cuatro años es “la prioridad de elaborar un Código de Buenas Prácticas, que estará listo este año y que marcará las pautas que guíen las relaciones entre los diversos profesionales que intervienen en la Administración de Justicia, tanto en sala como fuera de ella”. Este Código permitirá, además, “profundizar en el respeto a la dignidad de todos los profesionales implicados para garantizar unas relaciones fluidas y cordiales que son imprescindibles para la mejora del funcionamiento de la Justicia”.

En la elaboración de este Código tendrán un papel importante las conclusiones que se alcancen en las XII Jornadas Nacionales de las CRAJ. En este sentido, el decano de Colegio de Abogados de Oviedo, Ignacio Cuesta, señaló que este encuentro permitirá abordar cuestiones relevantes que afectan al ejercicio profesional de los abogados “como la cuestionable legalidad del registro en despachos profesionales, en la medida en que puede implicar un riesgo para el deber de confidencialidad y para el derecho de defensa como pilar de la tutela judicial efectiva y de ésta como pilar del estado de Derecho, o el cuestionamiento de la actividad profesional en estrado ante las muchas quejas de los profesionales que entienden coartada su labor”.

Al acto inaugural de las jornadas asistieron el consejero de Presidencia del Principado, Guillermo Martínez; el delegado del Gobierno en Asturias, Gabino de Lorenzo; el alcalde de Oviedo, Wenceslao López, y las máximas autoridades judiciales de la región.

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