El Colegio de Abogados de Málaga y el de Procuradores han aprobado en sus respectivas Juntas de Gobierno solicitar al Ministerio de Justicia la suspensión inmediata o la moratoria de la obligatoriedad de presentar telemáticamente los escritos a través de Lexnet hasta que se garantice el correcto funcionamiento del sistema.
No obstante, en caso de que no se acordara la suspensión, ambos colegios profesionales manifiestan su rechazo y su negativa a la imposición de algunos órganos judiciales que pretenden mantener, junto al obligatorio uso del sistema electrónico Lexnet, la presentación de escritos en papel, algo que no está previsto en la normativa vigente.
El oficio, firmado por el decano del Colegio de Abogados, Francisco Javier Lara, y por el de Procuradores, Francisco M. Bernal, se ha enviado a los juzgados decanos de Coín, Estepona, Fuengirola, Málaga, Marbella, Ronda, Torremolinos, Torrox y Vélez-Málaga, además de a la secretaria Coordinadora de Málaga y al presidente de la Audiencia Provincial.
Esta circunstancia no sólo conlleva una sobrecarga de trabajo a los profesionales por unas carencias atribuibles únicamente a la Administración de Justicia, sino que también puede afectar a la necesaria seguridad jurídica con la que abogados y procuradores han de desempeñar sus funciones de defensa y representación de las partes en toda clase de procedimientos, salvaguardando de este modo el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva de los ciudadanos.
El Colegio de Abogados señala que no se aportarán escritos en papel en los procedimientos iniciados después del 1 de enero de 2016, mientras que el de Procuradores ha acordado no aceptar la notificación en casilleros de aquellos asuntos iniciados tras la entrada en vigor del Real Decreto 1065/2015.
Por otra parte, cabe recordar que el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados (CADECA) ya señaló hace unos días que los problemas y deficiencias de Lexnet conllevan una demora e incluso la imposibilidad de presentación telemática de los escritos, situación que está impidiendo que los profesionales de la Justicia puedan cumplir con la obligación que impone el Real Decreto.
De este modo, el Consejo aprobó dar traslado del mencionado acuerdo a la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía, al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, al Consejo General del Poder Judicial, al Consejo General de Procuradores de España, al Consejo General de la Abogacía Española y al Defensor del Pueblo.
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